En consonancia con lo anterior, la evolución de los motivos que permiten declarar la nulidad de los actos procesales afianza el tránsito desde lo tópico hasta lo axiomático del sistema establecido para el control de la regularidad procesal, ahondando en la superación del método tradicional que mediante preceptos concretos (para cada acto o trámite) declaraban la nulidad como sanción por incumplimiento de las «formalidades» prescritas, y que paulatinamente se ha ido sustituyendo por la formulación de motivos generales (para cualquier actuación o trámite) basados en la lesión de «derechos» fundamentales, sin perjuicio de poder completarse mediante previsiones legales individualizadas de nulidad por razones concretas. The exceptional incident of nullity for final judgments is the fruit of a lengthy and delicate institutional adjustment in pursuit of a more adequate proportion between justice as a value and legal certainty as a principle. 228.2 LEC); – y produce efecto exclusivamente rescisorio (art. Parece poco dudoso que el incidente de nulidad tras resolución que ponga fin al proceso procede sólo por motivos determinados, y en consecuencia su ámbito es limitado, pese a la ampliación proporcionada por la última reforma. La aparente reducción de los motivos de nulidad. «La lucha por la seguridad jurídica». 24 CE, ni mucho menos sólo por lesión del derecho de defensa como antaño; de modo que ahora también constituye su objeto depurar la vulneración del derecho material, y no sólo del procesal como anteriormente. 509 y ss. 228.1 LEC), porque «Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas» (art. La Ley, Año XXV, núm. 241 LOPJ, tal y como está diseñado, corrige la insuficiencia del desarrollo legislativo del art. 228.2, párrafo segundo, LEC), compartido con los restantes remedios procesales, también llevó a considerarlo un remedio excepcional o extraordinario[34] junto con la rescisión de sentencias dictadas en rebeldía del demandado[35] y el juicio de revisión.[36]. La nulidad absoluta del convenio de fecha catorce de marzo del ao dos mil. La querella nullitatis proporcionaba un cauce estrictamente destinado a purgar los vicios de procedimiento, aunque con ineludible repetición del procedimiento afectado (dado su efecto puramente rescisorio), si bien la nulidad podía obtenerse también mediante el recurso de apelación, que proporcionaba una nueva sentencia sin repetición del procedimiento viciado, abriéndose nuevos horizontes a partir de la conjugación (durante el siglo xix) de la querella nullitatis y el recurso de apelación. 141 a 143) […] el previsto para el incidente post sententiam (SAINZ DE ROBLES RODRÍGUEZ, F. C. «La nulidad de las actuaciones. O es que me he equivocado yo al interpretar la diligencia de ordenación que era una citación para presentarme al juicio sin que se me diera por comparecida y contestada. Acción de nulidad de sentencia firme; Falta de motivación de la sentencia; comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil; cit., p. 56. [7] REMÓN PEÑALVER, J. La Ley, Año XI, núm. e) Sin perjuicio además del carácter limitado que corresponde a la anulación, puesto que prevalece la conservación total o parcial del acto cuando quepa independización de lo no afectado por el vicio, siempre que lo conservable tenga entidad bastante para satisfacer la finalidad procesal (art. «La reforma del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: luces y sombras». [39] BACHMAIER WINTER, L., op. 5. 53.2 CE, ha dejado de ser un instrumento exclusivamente dirigido al control de la regularidad procesal (por quebrantamiento de forma), aunque en mi opinión es difícil catalogarlo porque sigue todavía manteniendo: – el carácter excepcional o extraordinario respecto de aquel proceso cuya regularidad se trata de controlar; – el rasgo de subsidiariedad en su relación con el recurso de amparo extraordinario ante el Tribunal Constitucional; – y el efecto puramente rescisorio propio de los remedios. 5. . [33] GARCIMARTÍN MONTERO, R., op. Con su introducción la nulidad pasa de ser un estado que podía afectar al acto a ser una mera causa de impugnación de la validez del acto. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1993, pp. Qué es un Decreto - Código de Procedimiento Civil, 1908. 242 LOPJ y art. 241.1 LOPJ / art. 228.1 LEC); – requiere acreditación del vicio o defecto en que la petición se funde (art. Sentencia firme. Ello cobra especial relevancia en relación con la garantía de los derechos y libertades, asignada al Juez no sólo en su relación específica con el proceso por consagración en el art. d) Sólo cuando no resulte posible subsanar procederá la anulación de las infracciones auténticamente impeditivas de que la tutela judicial sea efectiva (arts. Para ello abandonó la referencia tajante a la inadmisibilidad del incidente de nulidad de actuaciones, matizando que el mismo era inadmisible sólo «con carácter general», porque «excepcionalmente» cabía admitirlo en favor no sólo de quienes sean parte legítima, sino también ahora en beneficio de quienes «hubieran podido serlo» consonantemente con el objetivo de permitir la depuración del vicio no solamente en ausencia de recurso, sino también ante la imposibilidad de su denuncia a instancia de parte con anterioridad a la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso; dejando finalmente aclarada la irrecurribilidad de la decisión resultante de este incidente. Navarra: Thomson- Aranzadi, 2006, p. 580. Como se ha intentado ir reflejando en las precedentes consideraciones, la tendencia legislativa a fomentar la depuración de la actividad procesal mediante los recursos contra las resoluciones (en detrimento correlativo de los demás medios y especialmente del incidente de nulidad) descansa en la idea de que lo esencial es la depuración de la sentencia injusta. cit. Frente a la acuciante necesidad de dar respuesta cabal frente a la indefensión en que sumía aquella imposibilidad de purgar los vicios de la resolución final del proceso, o de aquellos otros frente a los que no pudo reaccionar a tiempo la parte, el propio Tribunal Constitucional osciló a fin de proporcionar una solución: «En efecto, la problemática de la nulidad sin recurso se ha convertido en un auténtico “forúnculo” de la interpretación constitucional, uno de esos pequeños problemas que a fuerza de ser reiterados terminan haciéndose grandes».[25]. cit. cit., p. 4. 9. Vol. El carácter general que incumbe a estas consideraciones sobre el tradicionalmente conocido como «incidente de nulidad» espero que justifique o al menos explique el trazo grueso de las líneas que siguen, así como una primera referencia en torno a su marco de desenvolvimiento institucional. Puede darse la circunstancia de que la sentencia no sea firme por cuanto falta de notificarse a persona distinta del rebelde que intenta la acción. Ya entonces propugnaba la solución actual, aunque con posibles alternativas diferentes, citando a SCHAILH, K. «El Tribunal Constitucional Federal Alemán», en AA.VV. Previamente analiza los múltiples problemas que se . El Pleno recibió 173 asuntos: 21 recursos de inconstitucionalidad, 137 cuestiones de inconstitucionalidad, 14 conflictos positivos de competencia y un conflicto en defensa de la autonomía local.»[29]. [15] GARNICA MARTÍN, J. F., op. Y ahora la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 153/2012, de 16 de Julio abre mas aún la puerta de la nulidad de actuaciones. 239.1 LOPJ). La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 13/1999, a menos de dos años desde la implantación del nuevo incidente de nulidad post sententiam, se mostró mucho menos exuberante que su precedente para explicar la necesidad de esta inmediata reforma, cuya labilidad técnica fue enmascarada bajo la simple enunciación de un propósito: «perfeccionar la regulación del incidente de nulidad de actuaciones». [38] GARNICA MARTÍN, J. F., op. Madrid: Civitas, 2002. p. 51. Poca duda cabe de que la aplicación práctica del mecanismo incidental dirigido a la subsanación de vicios procesales se había visto inmersa en la tradicional, inveterada y general proclividad a utilizarlo con efecto y, en algunas ocasiones, con finalidad abiertamente dilatorios: «una inicua arma en manos de los litigantes»,[21] «un cáncer galopante, en ocasiones difícil de atajar»;[22] propensión que no sólo puede achacarse a la inclinación interesada de la parte incidentalmente demandante, sino también atribuible a la desacertada respuesta judicial que contribuyó a un abuso evitable en buena medida: «Un hábito de ancha manga para recibir sin tasa los incidentes de nulidad de actuaciones, olvidando la definición legal de su naturaleza, pudo ser corregida con la interpretación secundum Constitutionem de la garantía básica de la defensa».[23]. Barcelona: Librería Bosch, 1982, p. 69. I. Navarra: Aranzadi, 2001, p. 487, y DOIG DÍAZ, Y., op. BONET NAVARRO, Á. Como ya se ha adelantado, en reiterados supuestos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional contra «el ejercicio abusivo e indebido de todos los remedios procesales imaginables en la vía judicial previa, los cuales sólo deben utilizarse cuando resulten razonablemente exigibles por ser procedentes conforme a las normas procesales, debiendo estimarse excluidos aquellos otros no previstos en la Ley o manifiestamente improcedentes en el curso del proceso de que se trate». 09 de agosto de 2021 Por Raúl Ramírez Bogado. Pero el control por vía de recurso alberga un carácter principal, eminente o prioritario; pero no exclusivo, sino a completar con un incidente de nulidad pendiente el proceso («antes de que hubiese recaído resolución que ponga fin al proceso») conforme al art. No parece que, en este sentido, el legislador de 1984 acertase a conjugar razonablemente las debidas proporciones, pese a lo que como objetivo se perseguía conforme a la Exposición de Motivos: «adoptar una tramitación que abrevie la duración de los juicios, tanto como lo permita el interés de la defensa y el acierto en los fallos». Sea como fuere, este instrumento procesal parece haber sufrido una alteración importante en sus características, o en su esencia si así se prefiere, porque al destinarse ahora al control jurisdiccional de la regularidad concerniente al núcleo duro de los derechos fundamentales consignados en el art. 24 CE pero no sólo el derecho de defensa como era antes requerido, sino primordialmente el derecho a una tutela judicial efectiva; – porque en especial, de entre los supuestos modernamente designados como «incongruencia por error», la omisión de pronunciamiento reclama a mi entender un tratamiento coherente con las pautas del sistema, mereciendo ser tratada como acto procesal incompleto y subsanable, antes que como acto procesal tributario de nulidad (y así se previno desde la vigente LEC, en cuyo art. disolvi el vnculo matrimonial de fecha doce de diciembre del dos mil nueve. SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002022-01565-01 del 01-09-2022. . El incidente de nulidad de actuaciones tras sentencia firme. «Al Registro General del Tribunal Constitucional llegaron, a lo largo del año (2007), un total de 10.013 asuntos jurisdiccionales (frente a 11.741 el año anterior: 1728 menos, un descenso del 14,72 por 100). 241.1 LOPJ / art. Comentario a la STC (Sala 2ª) de 19 de diciembre de 1989». Los múltiples condicionantes y vicisitudes históricas que han tratado de ser expuestas han influido poderosamente sobre la actual estructuración de este incidente, por reunir elementos correspondientes a instituciones procesales distintas, lo cual compromete severamente una formulación conceptual nítida. Con anterioridad a la última reforma, y con arreglo al objetivo de depurar la actividad procesal previa a la resolución final del procedimiento, se sostenía que este incidente excepcional podría atender a la finalidad propia de cualquier otro incidente (cuya relación con el objeto principal del proceso, siquiera remota o mediata, radicaría en la subsanación de los defectos de ese proceso principal); mientras que con arreglo al objetivo de depurar los vicios de la resolución (sean in iudicando o in procedendo) se decía que podría cumplir la misma finalidad que cumpliría, en su caso, cualquier recurso dirigido contra la resolución. En esta tesitura el Tribunal Supremo no sólo se vio reiteradamente abocado a rechazar la posibilidad de incidentar la nulidad tras haberse dictado la sentencia y ser firme, sino que llegó a tener que desautorizar que las partes plantearan un ulterior juicio declarativo con este objetivo, reservando esta posibilidad a terceros afectados por una ejecución indebida (STS de 14 de noviembre de 1990).[24]. Pese a todo, transcurrido algo más de un siglo desde su explícita instauración, la Ley 34/1984 que reformó la LEC suprimió con carácter general el incidente de nulidad de actuaciones pendiente el proceso para evitar, una vez más, la persistencia en un abuso frecuentemente propiciado por las partes y no adecuadamente controlado por los jueces. Since the modification of its regulation in 2007, it corresponds to the courts to determine infringements with regard to the hard core of fundamental rights (article 53.2 of the Spanish Constitution), in such a way that the scope of this exceptional incident has extended beyond that of procedural regularity, favouring that the grounds of the nullity rest in reasons of material justice. cit. [1] Sobre las concepciones de la nulidad como sanción (sea por vicio intrínseco del acto carente de requisitos, sea por contrariedad a la norma que impone la nulidad) y la nulidad como instrumento procesal extrínseco al acto (valorando la adecuación o infidelidad del acto a la norma), véase LOURIDO RICO, A. M.ª, [19] «Esa regla, en tantos sentidos valiosa, porque va dirigida a potenciar la eficacia del proceso, también aporta un importante problema: qué hacer ante determinadas situaciones en las que, no existiendo un concreto instrumento para impugnar la sentencia, en cambio no hay duda de que la misma está afectada por un vicio importante, por una causa de nulidad insubsanable. 6. La Ley, Año XXVIII, núm. [8] Sobre el concepto de forma (instrumentalidad y garantía) y su diferencia con el formalismo, en relación con la función subsanadora y conservadora, vid. 238 a 241 LOPJ y arts. Tuvo que ser más adelante la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, que ante la «ya larga persistencia de una situación muy grave para los justiciables y también sumamente inconveniente, en otro orden de cosas, para el propio Tribunal Constitucional», y amparándose en la «necesidad de un cambio legal urgente», la que reformó finalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial en este último sentido. Sentencia Firme: concepto, regulación y ejecución Actualizado 2022. Ello confirma que, como se ha expuesto precedentemente, la evolución de los motivos que permiten declarar la nulidad de los actos procesales (en este caso tras haber recaído sentencia definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento) profundiza en el abandono del tratamiento de la nulidad como sanción por incumplimiento de las «formalidades», y lo aproxima más si cabe a la lesión de «derechos», en este caso fundamentales: A) Por lo que se refiere a la nulidad de la actividad procesal (previa a la resolución que ponga fin al proceso) que la parte no hubiera podido denunciar con anterioridad, la actual referencia a la lesión de cualquier derecho fundamental ampara como es natural la vulneración del derecho a la defensa, en cierta consonancia con la alusión a que el quebrantamiento de forma sólo entraña o acarrea nulidad cuando afecte a ese derecho fundamental: «Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión» (art. 53.2 CE, y se convierte en el recurso jurisdiccional previo y sumario mediante el cual se tutelan los derechos fundamentales». [32] «La pregunta es si el renovado art. 243.3 y.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. b) Anulación exclusiva de las infracciones que afecten de manera efectiva o sustancial a la dispensación de tutela judicial, pero no las meras irregularidades intrascendentes. 2.446 (19 de marzo de 1990), p. 3. Prohibido el incidente de nulidad después de recaída sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso, la ausencia de un instrumento autónomo (independiente de los recursos) apto para subsanar los defectos procesales derivados tanto de la sentencia o resolución firme que ponga fin al proceso, como de los derivados de la actividad procesal previa cuando no hubieran sido susceptibles de denuncia anterior (especialmente la actuación procesal producida en ausencia involuntaria de alguna de las partes con infracción del principio de audiencia bilateral, audiatur et altera pars), evidenció de inmediato una insuficiencia grave del sistema, generando un aluvión de recursos hacia el Tribunal Constitucional en demanda de amparo. Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 183. . 20 a 29. Esta materia se debate permanentemente en el inacabado esfuerzo por preservar «la deseable armonización de ambas naturalezas»,[2] exigente de un delicado equilibrio que, a mi juicio, no pasa exactamente por enervar la preeminencia de un componente sobre el otro, ya que en nuestro ordenamiento jurídico la Justicia es un valor superior y la seguridad jurídica un principio informante, sino por asignar al conjunto la adecuada proporción entre uno y otro ingrediente para que, respetando su diferente naturaleza y conservando ambos su genuidad, la simbiosis proporcione una razonable eficacia en orden a la finalidad que el proceso debe cumplir. 267.5 y 6 LOPJ, disponiendo este último apartado que: «Si el tribunal advirtiese, en las sentencias o autos que dictara, las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicten, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.», La eliminación de la incongruencia del fallo en el actual texto, en lo concerniente a los motivos por los que procederá declarar la nulidad mediante este incidente, parece consecuencia natural de su actual objeto ampliado, y probablemente permita mejorar las posibilidades interpretativas para su aplicación,[30] puesto que el procedimiento corrector por omisiones de pronunciamiento queda establecido autónomamente en función de lo dispuesto en el art. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 53.2 CE, especialmente el art. Madrid: Colex, 1991, p. 114. [30] Una interesante referencia a la controversia inmediatamente previa a la última reforma puede encontrarse en GARCÍA-VILLARRUBIA BERNABÉ, M. «A vueltas con el incidente de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo. 53 del propio texto constitucional. 53.2 CE), de modo que el ámbito de este incidente excepcional se ha extendido más allá de la regularidad procesal, potenciando que los motivos de la nulidad descansen en razones de justicia material. cit., p. 6. La función del incidente de nulidad de actuaciones después de sentencia firme. cit., p. 1. La Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial. cit. [46] STC 189/2002, de 14 de octubre. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad autoplanteada y decidió en la STC 185/1990, de 15 de noviembre, que la imposibilidad de suscitar el incidente de nulidad tras sentencia firme o definitiva (no la definitivamente ejecutada) no resultaba inconstitucional, por lo que cualquier intento de interponer el incidente debía tenerse por dilatorio, y sin que causara interrupción en el plazo para la interposición del recurso de amparo. La abrumadora mayoría son recursos de amparo (9.840, un 98,27 por 100 del total), competencia de las dos Salas del Tribunal. Cabría en este punto preguntarse[32] si la posibilidad de declarar la nulidad por vulneración de cualesquiera derechos fundamentales del art. cit., y en ANDRÉS CIURANA, B. [48] Un amplio comentario con abundante cita de sentencias puede hallarse en GARCÍA-VILLARRUBIA BERNABÉ, M., op. En la etapa de la extraordinaria cognitio la impugnación de la nulidad de la sentencia se hacía a través de la restitutio in integrum3 y posterior- . En esta concepción se traslada el centro de atención desde el vicio hacia el instrumento: sólo podrá existir nulidad allá donde exista la concreta posibilidad de ser declarada; en otros términos, sólo podrá obtenerse la nulidad cuando exista un concreto instrumento a través del cual declararla.»[15], 4. Consecuencia eminente fue, de inmediato, que el recurso de amparo quedo abocado a la subsanación de defectos procesales causantes de indefensión que no cabía remediar de otra manera, desenvolviendo el Tribunal Constitucional una actividad impropia ―y sustraída al terreno natural de la jurisdicción― de forma consciente en tanto la propia STC 185/1990, de 15 de noviembre, alertaba de la insuficiencia del sistema: «el sistema procesal no ha sido actualizado en la medida suficiente para permitir el despliegue de todas las consecuencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva». Éste parece haber constituido no tanto un objetivo primordial, cuanto el verdadero leit motiv para esta última modificación del incidente, para lo cual se han adoptado, según la Exposición de Motivos, «[…] medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria», por lo que aquella posibilidad anulatoria a partir de la resolución que ponga fin al proceso, que se reducía anteriormente al quebrantamiento de formas efectivamente lesivo del derecho a la defensa por defectos de forma o por incongruencia de la resolución, puede ahora obtenerse «fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el art. [19] «Esa regla, en tantos sentidos valiosa, porque va dirigida a potenciar la eficacia del proceso, también aporta un importante problema: qué hacer ante determinadas situaciones en las que, no existiendo un concreto instrumento para impugnar la sentencia, en cambio no hay duda de que la misma está afectada por un vicio importante, por una causa de nulidad insubsanable.» GARNICA MARTÍN, J. F., op. Una vez dictada sentencia firme, el ordenamiento jurídico hace prevalecer la seguridad jurídica sobre la justicia: se asume la firmeza de la sentencia, aunque su resultado pueda ser injusto. [6] MARTÍN DE LA LEONA, J. M.ª, op. [44] Las opiniones de FERNÁNDEZ FARERES, G.; CRESPO BARQUERO, P. y OUBIÑOLA BARBOLLA, S., en VV. deudor contra los riesgos de una posible acción futura instada por un tercero para el cobro del . El perfil del incidente de nulidad tras sentencia definitiva o resolución que ponga fin al proceso. [30] Una interesante referencia a la controversia inmediatamente previa a la última reforma puede encontrarse en GARCÍA-VILLARRUBIA BERNABÉ, M. «A vueltas con el incidente de nulidad de actuaciones y el recurso de amparo. Espere a ver qué dice la sentencia, y en caso de que no les de la razón, que su abogado les asesore sobre la viabilidad o no de recurrir dicha sentencia, que en su caso revisará lo resuelto en primera instancia, pero por normal general no se puede introducir nada nuevo. La peculiaridad de dicha Sentencia, ya firme, radica en que estableció la nulidad de dicha relación contractual no sólo a causa de la duración de los contratos, lo que ya viene aplicando la Sala Primera del Tribunal Supremo de forma asidua y constante, sino también por la práctica prohibida de fijación de precios que REPSOL impuso a la . B) En lo que atañe a la nulidad por vicios nacidos directamente de la resolución irrecurrible, la actual regulación aporta a mi juicio mayor coherencia: – porque la lesión del «derecho de defensa», única anteriormente invocable (aparte de la incongruencia del fallo), constituía una infracción difícilmente derivable de la resolución final del proceso (al estar agotadas las posibilidades de alegación y prueba en el momento de dictarse la resolución viciada), mientras que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuya lesión sí cabe derivar a mi entender con mayor facilidad directamente de la resolución, resulta ahora atacable mediante este incidente; – porque la introducción de la incongruencia del fallo como motivo por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre, resultaba antes abiertamente controvertida (y así es de ver que no fue incorporada como motivo por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) en atención a que, como lesión, surge necesariamente de la propia sentencia y no del curso procedimental previo a ella, obedeciendo eminentemente a vicios in iudicando y no in procedendo, de modo que bajo esa designación (incongruencia) se cobija una amalgama de situaciones sin homogeneidad en su naturaleza y alcance; para empezar, conforme a numerosas declaraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la incongruencia por exceso (extra y ultra petita) genera una anomalía que sólo en determinadas circunstancias ha de afectar a los principios de igualdad de partes y de contradicción, lesionando no siempre tan claramente el derecho de defensa cuanto la tutela judicial efectiva, por lo que actualmente podría resultar idónea, en determinados casos, como motivo anulatorio por infringir cualquiera de los derechos fundamentales incluidos en el art.