Supuestos para la subsunción del delito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y legalidad de la modificación de la clasificación jurídica del hecho delictivo por el Ministerio Público o Juez de Control. [1] [2] Se trata de la primera obra poética extensa de la literatura … Si estas disposiciones del CP comparten la misma forma de describir la conducta prohibida, entonces la prohibición subyacente a estas normas es también común. 162-164, casos de falsedad ideológica: números 2, 3 y 4 del art. Donde constituye un aporte, la propuesta revela al mismo tiempo su límite. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal, comprendido entre el siglo XV y el XVIII.Cronológicamente, alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla (1453) o en el descubrimiento de América (1492), y cuyo final puede situarse … 43 ETCHEBERRY, "El objeto material", cit. 197 CP, ésta se cometería en perjuicio del patrimonio de otro. (considerandos 5° y 6°), que comprende que en los hechos investigados el perjuicio patrimonial se produjo a la víctima en el caso de un cheque falsificado al haber entregado el girador un cheque "sin valor"; recientemente, SCS, Rol N. 35571999, "Contra Sepúlveda Fuica", casación en el fondo, resolución de 16/11/1999, comprendiendo que el perjuicio en la falsificación de instrumento privado es de carácter económico (considerando 1° de la sentencia de reemplazo), pero sin entrar a calificar a dicha figura como forma especial de estafa; SCS, Rol N. 3481 -2009, señala que el bien jurídico protegido en el delito del art. 56 QUINTANO RIPOLLÉS, La falsedad documental, cit. 390, a las cuales se remite expresamente el art. RODRÍGUEZ COLLAO, Luis; VERA, Jaime, "El bien jurídico protegido en los delitos de falsedad", Revista de Derecho, UC Temuco, año 5, núm. En esta sede de análisis, la argumentación se mueve en las antípodas del empleado público como sujeto especial del delito de falsedad en documento público y del particular como sujeto innominado del delito de falsificación en documento privado, alcanzando su paroxismo en la interpretación del art. Este modelo de comprensión se encuentra tan asentado en la doctrina y jurisprudencia, que opera casi por inercia. 23 ETCHEBERRY, Alfredo, "El objeto jurídico en los delitos de falsedad documental", Revista de Ciencias Penales, 3a época, N. 2 t. XX (1961), p. 52 (destacado original). En cambio, respecto de las declaraciones de voluntad no puede emitirse un juicio de verdad o de falsedad, simplemente porque no expresan una representación que pueda corresponderse o no con algo externamente percibido. Este modelo de comprensión, preso de estas dicotomías latamente analizadas, gatilla en la doctrina y jurisprudencia una manera francamente enrevesada de leer el texto de los artículos 193, 194 y 197 CP. Y otra norma, la del art. 102 ss., pp. 77-120. Como su denominación habitual así lo indica correctamente, los numerales del art. 11 y ss. 352 ss. La propuesta de reformulación teórica de Francisco Grisolía, Este regla fundamental del Código civil diferencia el valor probatorio del documento, no según si la declaración ha sido emitida por el funcionario o por las partes que concurren ante él. Este injusto del delito presupone, como ya lo había advertido brillantemente Grisolía en 1956 (vid. 193 CP. 194 al art. 17 del Código civil el que entrega la clave para la solución de este problema epistemológico al definir autenticidad y distinguirla de una cuestión de forma: "La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en hayan sido otorgados. Estructura del modelo imperante de comprensión de los delitos de falsedad documental: un modelo preso de una cuádruple dicotomía. Superados los dos niveles anteriores, nos encontramos con Un TERCERO que consiste en averiguar exactamente qué quiere decir la norma. Estas declaraciones de ciencia gozan de plena eficacia probatoria, la cual reposa en una "certeza jurídica de verdad" y que, correlativamente, impone un deber de veracidad a su autor. nota n° 9, p. 109 y s., en base al ejemplo del funcionario del Registro de Propiedad que inscribe un inmueble bajo un nombre distinto del dueño que aparece en la escritura pública. En la medida en que la "verdad" del documento privado se reduce a su autenticidad, entonces el significado injusto de la falsedad cometida en un documento privado también se reduce el carácter inauténtico del documento privado falso. nota n° 28, p. 526 y s. 82 VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. ; GARRIDO, Mario, Derecho penal, parte especial, t. IV, 4a ed., Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2008, pp. 390 es un delito especial propio, entonces el particular en la hipótesis antedicha no puede responder como coautor del delito descrito en el art. Así, la modalidad del art. 53 QUINTANO RIPOLLÉS, Antonio, La falsedad documental, Reus, Madrid 1952, p. 26. Estas dicotomías son cuatro: 1a, fe pública como bien jurídico colectivo / patrimonio como bien jurídico personal; 2a, documento público como portador de fe pública / documento privado como mero instrumento de la defraudación patrimonial; 3a, falsedad ideológica / falsedad material como injustos esencialmente diferentes, y 4a, delito especial / delito común con la forma intermedia de un delito "híbrido". 193 CP. 60 y ss. 2012), pp. De este modo, la propuesta de Grisolía, basada en una interpretación del art. En esta escala gradual se encuentran, en primer lugar, las declaraciones de ciencia hechas por un funcionario público en la órbita de sus funciones, que incluyen las que representan hechos propios y suyos (1°), las que expresan datos sensibles percibidos por sus propios sentidos (2°) y las que representan hechos que ha podido comprobar por los medios que expresamente le suministra la ley (3°). No puede tratarse de la propia ley penal ni del art. Gramaticalmente, el verbo rector se inserta en el encabezado de la norma, con la frase "cometer falsedad". nota n° 5, p. 451, quienes al entenderlo como una forma de estafa, comprenden que es un delito que afecta el patrimonio e incluso lo analizan someramente a propósito de las figuras de estafa; en la jurisprudencia, ya SCS, "Caja Nacional de Ahorros Contra Carlos Alberto Balbontín", casación en el fondo, resolución de 30/09/1947, en Gaceta de los Tribunales, Año 1947, 2° semestre, sentencia 45, pp. nota n° 67, p. 97 (destacado agregado). marg. ROJAS, Luis Emilio, "Historia dogmática de la falsedad documental", Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2° sem. ; EL MISMO, "Urkundenbegriff und ,Rechtserheblichkeit'", Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 184 y ss. A la ciencia o disciplina académica también se le denomina historiografía para distinguirla de la historia entendida como los hechos objetivos … El art. nota n° 6, p. 63. 194 CP. También se puede realizar el injusto del delito de falsedad documental mediante una conducta que signifique una infracción del deber de no alterar la autenticidad de un documento público. Pues, la dogmática se plantea una tarea imposible de cumplir, cuando pretende analizar sin criticar. 194 CP, es correcta, por lo que el status especial del funcionario público sólo sirve para explicar la diferencia en la penalidad de ambas figuras, ocurriría algo diferente tratándose de casos de falsedad ideológica. Actas de las sesiones de la Comisión Redactora del Código penal chileno, Santiago: Imprenta de la República de Jacinto Nuñez, 1873, edición facsímil, Santiago, 2013. 193 precedente, con exclusión de la modalidad descrita en el numeral 4°. Pero, la falsificación del documento privado como tal tampoco sería determinante, porque esta clase de documento por sí misma no sería relevante. Dado que el injusto se reduce a la creación de un documento privado falso en el sentido de inauténtico, aquél puede cometerse mediante cualquiera de la modalidades designadas en los numerales 1°, 2°, 3°, 5°, 6° y 7° del art. nota n° 53, p. 14. Pero el costo analítico de este esfuerzo es demasiado alto, pues conduce a una lectura de estos artículos, según la cual estas disposiciones establecen delitos básicamente diferentes de los contemplados en el texto de la ley: 1°, un delito funcionario, 2°, un delito híbrido y 3°, un delito patrimonial. nota n° 50. ), Código penal comentado, Santiago: Ed. nota n° 28, pp. En definitiva, nuevamente se recurre al status especial del funcionario público para delimitar el injusto del delito de falsedad documental. En la doctrina española, el problema se encuentra resuelto legislativamente en relación a la modalidad paradigmática de falsedad ideológica, descrita en el art. El art. En el ejemplo inverso, solamente A y B realizan el injusto del delito por la creación de un documento público inauténtico, simplemente porque ni C ni D han concurrido a otorgarlo. Así, Etcheberry lo define por exclusión como "el que, respondiendo en general a las características propias del documento, no constituya un documento público".36 Estos atributos definitorios del documento serían básicamente tres (3): primero, que tenga un autor, una persona humana; segundo, que tenga un valor simbólico, en el sentido de representar algo: "un hecho o una manifestación de voluntad"; y, tercero, que "su simbolismo se haya independizado de su autor en una materialidad".37 Sin embargo, estos elementos constitutivos del documento, por sí mismos, carecen de relevancia, como tales no son dignos de protección jurídico-penal. 193 CP, en "falsificación física" y "falsedad ideológica". 193 un delito funcionario y de adelantar en más de doscientos (200) artículos en el art. Ya que el documento oficial se encuentra precisamente despojado de la intervención de particulares, los cuales pueden haber participado en la fase previa mediante la entrega de antecedentes, pero no en la generación misma del documento, en ésta interviene solamente el funcionario público.34 El documento oficial se convierte así por esencia en el prototipo del documento público. 193 o la del art. 193 CP no distingue entre falsedad material y falsedad ideológica. 193 abarca tanto las modalidades de falsedad material (N. 1, 5 y 6) como las modalidades de falsedad ideológica (N. 2, 3, 4 y 7). ); Sonderdelikt / Jedermannsdelikt (4.). 39, 2° semestre (2012), pp. Por una parte, un delito común de falsedad material cometida en un documento público o auténtico. A este efecto nos sirve la teoría de la norma jurídica. Por ende, según el texto de la norma, la descripción abarca tanto el injusto en la forma de la creación de un documento público falso en el sentido de inauténtico como el que deriva de la creación de un documento público falso en el sentido de que su declaración no se corresponde con un hecho externo. Jurídica. 9 y ss. Según esta solución, la falsedad ideológica del particular como tal no es punible. Esta argumentación aplicaría como criterio diferenciador del valor probatorio de la declaración la calidad del sujeto que la emite. 193 "suponiendo la intervención de una persona en el acto" por "suponer la intervención de una persona en el acto". ROJAS AGUIRRE, Luis Emilio, "Historia dogmática de la falsedad documental", Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, vol. La perspectiva desde la cual la doctrina y la jurisprudencia tradicionalmente leen las normas de los artículos 193, 194 y 197 del Código penal, se encuentra inmersa en una serie de dicotomías, que le impide ver el injusto propio de los delitos de falsedad documental. 65 ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. Las dicotomías trabadas en el plano del bien jurídico y del objeto material condicionan la forma de comprender el injusto de las conductas descritas en los tipos de los art. Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 1° de diciembre de 1954, distingue, siguiendo al procesalista Eduardo Couture,66 entre declaraciones de ciencia (o de verdad) y declaraciones de voluntad: "en las primeras su autor reproduce, limitándose a ella, una percepción sensible; representa lo que percibe por sus sentidos. Interpretar el Derechos es buscar el sentido y alcance directivo que tienen las normas jurídicas. 10 Ley 19.282), certificados en el marco de la Ley de Pesca (art. 193 CP. marg. Esta negación deriva de la remisión indistinta que el texto de esta norma hace a cualquiera de las modalidades designadas en el art. 7 ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. 78 GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. 197 CP describe un delito común. Esta forma gramaticalmente incorrecta de leer el texto de la ley penal gatilla en este modelo la creencia de que la conducta prohibida se encuentra descrita en cada numeral del art. Para una teoría cognitiva de la interpretación jurídica, esta última consiste en el conocimiento del único significado que un texto normativo posee antes e independientemente de su interpretación; para una teoría escéptica, en cambio, la interpretación consiste en la atribución a un texto normativo de un … 35 FERNÁNDEZ, Pilar, Delito de falsedad en documento público, oficial y mercantil, Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 162. Esta solución del caso parecería de tal obviedad a los ojos de cualquier lector de textos de doctrina nacional que no abrigaría dudas en torno a su fundamentación. 172 y ss. Así, Etcheberry, al analizar la norma del art. Sin embargo, la fe pública del documento público, su fuerza probatoria de la verdad de su contenido, surge solamente de la persona de su otorgante: ¿cómo se podría asignar al documento privado una pretensión similar?21, En la doctrina nacional, ya a mediados del siglo XX la tesis de la fe pública es sometida a una crítica acérrima. Según esta lectura, el art. Este no fue el criterio seguido por el legislador nacional de 1874, pues esta clase de falsificación aparece regulada en el art. 8-16. 33 ETCHEBERRY, "El objeto material del delito de falsedad documental", Revista de Ciencias Penales, 3a época, N. 2, t. XX (1961), p. 236. 86 y ss. Las razones conscientes parecen provenir del esfuerzo por delimitar y acotar el ámbito de aplicación de las normas de los artículos 193, 194 y 197 CP. II, Leipzig: W. Engelmann, 1904, p. 120. Reformulado en clave de deberes: si el deber de decir verdad surge del contexto de otorgamiento de un documento público, entonces dicho deber puede ser infringido tanto por el funcionario público como por el particular que interviene en ese contexto, dando origen al mismo injusto del delito de falsedad documental. ¿De cuál ley pre-penal puede tratarse? Respecto de los documentos públicos también se protege normativamente su autenticidad. nota n° 62, p. 100. ECHANO BASALDÚA, Juan, "¿Falsedad ideológica de particular en escritura pública? 104 GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. nota n° 28, pp. 563-564; recientemente, HERNÁNDEZ, Héctor, en: HERNÁNDEZ, Hector; COUSO, Jaime (dirs. 37 y ss. ETCHEBERRY, "El objeto material", cit. 113 y ss., que se explaya derechamente sobre un concepto general del delito en comento y sobre las características que debe tener el documento privado en cuanto a su contenido para efectos de su incriminación al tenor del artículo 197 y cómo dicho contenido se conecta con la exigencia del perjuicio a terceros; el criterio aludido repercute adicionalmente al estimar que, a falta de un documento como el mencionado, únicamente es posible considerar el documento falsificado como un medio engañoso de la estafa, mas no como un caso de falsificación de instrumento privado (considerando 3° a 5°). 193 CP, advierte que "parecería que la tipicidad de la falsificación de documento público es la misma cuando el sujeto activo es un empleado público que cuando es un particular". En el plano dogmático, porque reformula una distinción más bien descriptiva, como es aquella entre falsedad material y falsedad ideológica, en términos normativos, esto es, a partir del significado de la conducta para ciertos deberes del sujeto. Este injusto puede realizarse en cualquier documento privado o mercantil, dispositivo o testimonial, que fija una "declaración de ciencia" o "declaraciones de voluntad". El problema de esta reformulación teórica es que no logra resolver bien la relación entre el plano epistemológico y el dogmático. 193 N. 4 o la del art. validez de las fuentes del derecho. Este criterio, sin embargo, es equívoco, pues no queda claro si los efectos o la eficacia jurídica a la cual se refiere, radican en los efectos del acto jurídico fijado en el documento o en la eficacia propia de éste y distinta del acto jurídico. nota n° 9, p. 113. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública". 193 N. 2 CP). 27 GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. era dueño, una casa en la cual este último había convivido junto a G.I.V.. Con dicha escritura pública, G.I.V. El art. 5. supra 2.3.2. 193 CP. 392 CP".102 En cambio: "si se entiende que es un delito especial impropio, el particular que junto con el funcionario o autoridad también disfrutara del dominio del hecho, sería responsable en calidad de coautor, sancionándose su conducta según lo dispuesto en el art. La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese.". nota n° 6, p. 63; ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. 219-240. 27 de la Ley sobre registro civil, a su turno, remite a las penas que el Código penal contempla por la realización de una modalidad paradigmática de falsedad ideológica. 1700 CC, si bien significa un notorio avance en el esclarecimiento del injusto del delito en las modalidades de falsedad ideológica, no logra salir de la circularidad de la argumentación expuesta precedentemente. nota n° 6, p. 173 y s., 176; GARRIDO, Derecho penal, cit. Es decir, la falsedad ideológica del particular no es punible como tal, pero si forma parte de una maquinación engañosa, dirigida a perjudicar de esa forma a los herederos del suplantado A.O.V., se integra al hecho global que, de esa manera, resulta ser subsumible en el tipo de la estafa".3. Según este modelo de comprensión, el art. 197 al "perjuicio de tercero", lo cual gatilla la 1a dicotomía analizada (supra 2.1.). 1. No obstante, en materia de los delitos de falsedad documental, como ya se ha mostrado (supra 2.3), la doctrina se desvía de ese camino. 98 GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. nota n° 23, p. 60 y s. 26 "Art. En este punto, Grisolía recurre a la cuestión del deber de veracidad y, al mismo tiempo, su análisis se torna equívoco. 106 QUINTANO RIPOLLÉS, La falsedad documental, cit. La autenticidad consiste en el hecho de haber sido el documento realmente otorgado por la persona que en el mismo se exprese.108 La autenticidad, según este concepto legal, es una forma de la verdad y, por ende, no es algo esencialmente diferente a ésta. No obstante, al analizar luego las modalidades de comisión del delito de falsedad documental descritas en el art. De ahí que, por ejemplo, frente a la pregunta por la punibilidad de la falsedad intelectual cometida por un particular en un documento público, René Garraud hallaba el contenido de injusto no simplemente en la declaración mentirosa del particular, porque tampoco ésta fundamenta meramente el injusto cuando es emitida por el funcionario público. supra 2.3.1. 392 CP español, pues se trataría de una hipótesis de falsedad ideológica, por lo que debería interpretarse de manera restrictiva, "según la cual tales conductas sólo tienen cabida en el ámbito específico de la labor desarrollada por ciertos funcionarios y autoridades".78 Aquí es posible observar el mismo movimiento argumentativo de recurrir al status especial del funcionario para explicar el injusto de una modalidad de falsedad documental cometida por un particular. Por extensión también se refiere al período histórico comprendido por dichos … La razón de esta exclusión contra legem radicaría en que el particular, por regla general, no tiene el deber de decir verdad. 194 CP. nota n° 9, p. 113: "en general, debería procederse a una interpretación estricta, según la cual tales conductas sólo tienen cabida en el ámbito específico de la labor desarrollada por ciertos funcionarios y autoridades. En este sentido, en la doctrina española, Fernández propone dos criterios para admitir el documento oficial como público. 75 GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. En este sentido, se aclara que "esta forma de ejecución de la acción falsaria sólo tiene sentido en el marco del cumplimiento de una determinada función administrativa" y que "el marco donde se sitúa la actuación del sujeto viene caracterizada por el incumplimiento de la obligación de dar constancia fehaciente de ciertas situaciones, omitiendo precisamente su existencia".100 "Pesa sobre él el deber de evitar una constatación falsa documental que es la que fundamenta su posición de garante y nos permite exigirle la correspondiente responsabilidad por delito de falsedad documental".101 Este razonamiento se volvería relevante para la solución de hipótesis de pluralidad de intervinientes en la realización del delito, por ejemplo, A, que es Notario, falsifica junto a B, que es particular, en eventual coautoría un testamento en lugar del causahabiente y en favor de un testaferro de B. Para solucionar esta hipótesis, la doctrina española constata que el tipo del art. 40-43, autora que habla de "medio de prueba" y no de "función probatoria", probablemente por la crítica que dirige a la tesis de Binding de incurrir en un "reduccionismo procesal" (pp. Critica la teoría intermedia en tanto que asume la posibilidad de distinguir objetivamente entre casos fáciles (que caen en el núcleo esencial) y casos difíciles (pertenecientes a la zona ... "Teoría y doctrina de la interpretación jurídica en la propuesta de Riccardo Guastini", en Doxa, núm. Detrás de este razonamiento parece esconderse inconscientemente la decimonónica cláusula de relevancia jurídica introducida en 1851 por el legislador prusiano al párrafo 2° del § 247 del Código penal, que buscaba distinguir documentos de meros escritos.49 La relevancia jurídica de un documento puede ser menor o mayor, por ende, se trata de un criterio gradual y cuantitativo. 13 Cfr. Este modelo de comprensión, dominante en la doctrina y en la jurisprudencia, se sitúa al margen del texto de la ley penal. nota n° 16, p. 121 y s. 19 BINDING, Lehrbuch, cit. ; GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. nota n° 5, p. 206 y s.; POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, Lecciones de Derecho penal, cit. Porque el art. 62, enero a julio, pp. ORTIZ, Pedro, "La falsificación de instrumento privado", Revista de Ciencias Penales, 2a época, t. VII (1944), pp. 193, no exige ninguna calidad especial respecto del sujeto activo como presupuesto de aplicación de la norma del art. AbeledoPerrot/Legal publishing, 2011. Solamente respecto de los documentos públicos se garantiza normativamente su verdad, por la intervención del funcionario público que precisamente convierte el documento en público. Según el texto de la norma, se prohíbe cometer falsedad, "en perjuicio de otro", en un documento privado. La teoría de las funciones, en la forma en que ha sido comprendida por la doctrina española al interpretar el art. BINDING, Karl, Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, t. II, Leipzig: Engelmann, 1904. Dicha verdad es correlativa a un deber positivo de veracidad, ergo, el injusto de este delito puede realizarse, primero, mediante la infracción del deber negativo relativo a la autenticidad del documento público y, segundo, mediante la infracción del deber positivo relativo a la verdad del mismo documento. Así, se llega a hablar del tipo del art. Ambos injustos del delito, por decisión legislativa expresada en el texto del art. 390 N. 2 (pp. nota n° 67, p. 97 (destacado original). Esta afirmación solamente es posible bajo la premisa de un concepto de documento, según el cual éste es algo distinto de la declaración que contiene. ROXIN, Claus, Tüterschaft und Tatherrschaft, 8a ed., Berlin: De Gruyter, 2006. 392 CP: 1. nota n° 6, p. 82; POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, Lecciones de Derecho penal, cit. El ejercicio propuesto de re-lectura del texto de la ley penal conduce a la identificación de una prohibición común a los artículos 193, 194 y 197 CP. 80 y ss. 390 CP, cuya condición personal serviría a modo de agravación del injusto".103, La doctrina española se decanta por la tesis de que el art. nota n° 9, p. 113. Porque en la parte en que se describen las modalidades de comisión, utilizando el texto legal la forma gramatical del gerundio, la doctrina y jurisprudencia sustituyen esta forma por la del infinitivo, así, por ejemplo, N. 2 del art. En cambio, el significado injusto de la falsedad ideológica consiste en la infracción de un deber de veracidad. 174-180, donde se hace referencia expresa a la especialidad del medio comisivo (considerando 8°); más recientemente, SCA Stgo, Rol N. 1122-2007, resolución de 14/11/2008, aplica el mismo criterio del concurso aparente, solucionado por principio de especialidad (considerando 1°); SCA Stgo, Rol N. 2413-2009, resolución de 12/11/2009, señala que entre los delitos de estafa y de falsedad de instrumento privado, existe concurso aparente, que se resuelve aplicando tanto el principio de especialidad como el de consunción, por lo que la falsificación documental queda subsumida en el engaño propio de toda estafa (considerando 2°). 69 Esta interpretación sería … Pero, así comprendido el criterio, implicaría que la escritura pública de compraventa de un bien raíz no sería un documento público, puesto que de ésta nacen derechos y obligaciones solamente para las partes. 253 y ss., quien busca criterios extraídos de la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico para distinguir las "inveracidades" de particulares constitutivas de falsedad de aquellas que no lo son. D'ORS, Alvaro, "Contribución a la historia del 'crimen falsi'", en: VOLTERRA, Edoardo (Ed. Y, por otro lado, meros documentos privados del cual surgen efectos jurídicos solamente particulares, por estar dotados de una fe puramente privada y que, por ende, su falsificación tiene un contenido de injusto deficitario que requiere ser compensado con la verificación de la lesión a un bien jurídico personal, como es el patrimonio, para alcanzar relevancia jurídico-penal. 197 CP describe textualmente un delito de falsedad cometido por cualquiera en un documento privado o mercantil. 1700 en relación con el art. 64 Así, JAKOBS, Strafrecht, cit. 10 Cfr. 38 ETCHEBERRY, "El objeto jurídico", cit. De este modo, la doctrina busca un criterio externo al documento mismo para poder diferenciar el contenido de injusto de la falsificación. 197 CP se encuentra descrita en el texto legal de la misma forma que en el art. La segunda es la agrupación bajo este mismo acápite y, por ende, la asociación del delito de falsificación de monedas con el de falsedad en documentos públicos. 193 CP. ), la verdad en un documento público es distinta que la "verdad" en un documento privado, entonces su mutación mediante la falsedad también adquiere un significado injusto diferente. Palabras clave: Documento privado y público, autenticidad y verdad, injusto, falsedad documental. Se ve obligada a explicar racionalmente cómo un mismo sistema de normas, que fue concebido originariamente de modo unitario a partir del concepto de fe pública, se torna, por decirlo expresivamente así, bicéfalo. Deben marginarse aquellos comportamientos que importen falsedad ideológica (...)".96 La remisión expresa del art. Recientemente, Enrique Bacigalupo ha propuesto reformular consciente y explícitamente la distinción entre falsedad material y falsedad ideológica como un problema relativo a los deberes: "si el problema del autor de la falsedad se contempla más profundamente, se revela de inmediato que se trata de un problema de deberes que incumben a ciertos sujetos".86 Sostiene la tesis que la mutatio veritatis no es un concepto único, en el sentido de que la "verdad" no es la misma en los documentos públicos y en los documentos privados.87 Esto implica que la función probatoria de ambas clases de documentos es diferente, pues mientras los documentos públicos prueban la verdad de los hechos y declaraciones documentadas por el oficial público, el efecto probatorio de los documentos privados no alcanza a la verdad de lo declarado por el particular.88 Así, sólo la falsificación de documentos públicos puede ser concebida como un delito contra la fe pública, mientras que la falsificación de documentos privados sólo constituye "un delito contra los medios de prueba". 193.6 Al describir la conducta típica de la falsedad cometida en un documento público o auténtico por un particular, el texto del art. 40 Cuatro (4) páginas en ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. Articulación de órdenes jurídicos en la jurisprudencia del ius commune*. (revisión de la doctrina jurisprudencial)", en: VV. Mientras que el particular no podría realizar puniblemente esta modalidad en relación con sus declaraciones de ciencia o de voluntad, puesto que éstas gozan de un mera presunción de verdad o sinceridad, lo cual se seguiría, además, del reconocimiento de la simulación en el art. 392 aplicable al particular que comete falsedad, cuando se trata de hipótesis de "falsedad ideológica", esta lectura convierte, contra legem, en esa parte un delito común en un delito especial. 2-9. Le resultaría tan natural, porque fluye de un modelo determinado de comprensión de los artículos 193, 194 y 197 del Código penal, que opera casi por inercia. nota n° 28, pp. Sin embargo, en la recepción que la doctrina nacional hace de esta distinción, se le asigna a ésta un significado que trasciende al de una mera clasificación de modalidades de comisión. Este modelo de comprensión se encuentra inmerso en una serie de dicotomías, que le impide a la doctrina y jurisprudencia ver el injusto propio de los delitos descritos en dichos artículos del Código penal. 392 del CP español sería también una norma "híbrida". •Diseña los métodos de interpretación jurídica. 70 y s., reformula la categoría de los delitos de infracción deber para la explicación del fundamento de la responsabilidad: "en estos delitos, la responsabilidad del autor se determina por el status, no según el ámbito de organización del autor". 7 núm. 556 y ss. HERNANDEZ, Héctor; COUSO, Jaime (dirs. SEARLE, John R., La construcción de la realidad social, Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós, 1997. No obstante haber esclarecido la base epistemológica para la reconstrucción dogmática de los delitos de falsedad documental. En el delito de malversación de caudales públicos, por ejemplo, cometido en coautoría por un funcionario y un particular, este último responde como partícipe en el delito de malversación, si se trata de un delito especial propio, o responde como autor de otro delito común, si se trata de un delito especial impropio. De la pluralidad de sujetos que interviene en el otorgamiento de un documento público, la doctrina colige la pluralidad de intervinientes en la realización del injusto. De las concepciones del documento anteriormente expuestas se derivan básicamente dos teorías que han intentado explicar la realidad documental jurídica, éstas han sido: la teoría del escrito, para la cual el documento siempre es un escrito y la teoría de la representación, para la cual el documento no es sólo un escrito sino todo objeto representativo o que pueda informar sobre … 59 de la Ley 18.840, orgánica constitucional del Banco Central: "La persona que incurriere en falsedad maliciosa en los documentos que acompañe en sus actuaciones con el Banco o en las operaciones de cambios internacionales regidas por esta ley, será sancionada por los tribunales de justicia con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo", como puede verse se trata de una norma cuyo fin dice relación más bien con la protección de intereses colectivos involucrados en esa clase de operaciones, y no de la verdad como tal. 260 del código punitivo; en la jurisprudencia, el parecer de los tribunales tiende a coincidir en definitiva con el concepto de empleado público al que alude el art. En un plano epistemológico, porque aclara que el concepto de verdad es distinto en el documento público y en el documento privado. Trata de comprender los fenómenos para luego interpretarlos mediante la dialéctica o el análisis. En ese sentido interpretar es un acto de explicar o declarar el sentido de algo. : "Para esta [categoría] es característico que el portador de estos deberes se destaca de los otros intervinientes por una relación especial con respecto al contenido de injusto del hecho y que por eso el legislador la releva solamente en aras de este deber como la figura central del acontecimiento conforme a la acción y lo ve como autor" (p. 354). 27 de la Ley sobre Registro civil. ), G.I.V. 82 (1970), pp. (considerando 6°); SCS, "Contra Francisco Segundo Marín Almonacid y otros", casación en el fondo, resolución 11/08/1970, RDJGT, t. LXVII, 2a parte, pp. Sus principales componentes se manifiestan con claridad en la solución del siguiente caso, extraído de una sentencia de la Excma. El art. Este sistema describe delitos de falsedad documental. 36 ETCHEBERRY, "El objeto material", cit. En las modalidades contempladas en los números 1 a 3 del art. 390, que resulta aplicable por mandato del art. Sin embargo, este criterio subjetivo no ha sido recogido por la ley pre-penal originaria y constitutiva del sistema probatorio en el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 1700 del Código civil: "El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. 390 ("Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho"), que sí resulta aplicable al particular por remisión del art. En este punto, la tesis ya no es de recibo. nota n° 16, p. 124. nota n° 94, p. 97 y s., que la autenticidad es un hecho institucional, incluso el propio Searle recurre al ejemplo del documento: "Los mecanismos característicos de que nos servimos son actos de habla: escrituras, facturas de venta, papeles del registro, testamentos, etc. El "abuso de su oficio" al que refiere el encabezado de la norma implica que la realización del delito allí descrito presupone la infracción de deberes funcionarios. Para los efectos de las reglas de autoría y participación, se trataría de un delito especial propio.9 En cambio, la norma del art. 451, 567-568. En cambio, para la configuración de la falsedad en un documento privado, se requiere provocar un daño efectivo, por eso Carrara incluye esta forma de falsedad en "la familia de los fraudes".31 En este mismo sentido y dado que el tipo del art. Sin embargo, Carolina Villacampa Estiarte observa que, tratándose de la falsedad cometida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones (art. 29, núm. 390, al igual que el anterior art. 390 del Código penal español de 1995.26 En este sentido, María del Carmen García Cantizano destaca la triple función que cumple el documento, cual es, la función de garantía, la de perpetuación y la de medio de prueba. ¿cuál podría ser el fundamento racional de una norma de tal naturaleza? Respecto de esta clase de declaraciones, solamente puede constatarse si se ha manifestado o no se ha manifestado una voluntad.68, A continuación, Grisolía, en una interpretación sistemática del art. Son letras de cambio giradas por una empresa en favor de un banco, son cotizadas por las casas de bolsa en términos de tasas de descuento y las operaciones se realizan por conducto de la Bolsa Mexicana de Valores y las mesas de dinero de los bancos, su rendimiento se sitúa entre los CETES (Certificados de Tesorería) y el papel comercial. 31 CARRARA, Programa de Derecho criminal, cit. 193 CP. 3, inciso 1° e inciso 2°, de la Ley 19.880, sobre procedimientos administrativos.48 Estos elementos característicos, a su turno, entregan los criterios para que la doctrina diferencie entre clases de documentos mercantiles, aquellos equivalentes materialmente al documento público u oficial y aquellos que son meramente documentos privados. 194 CP describe la conducta prohibida en los mismos términos: "el particular que cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior". 3. 109-137. 193 CP con la noción de fe pública y, por este intermedio, con un bien jurídico de carácter eminentemente colectivo, así como la agrupación de este delito junto a otros que atacan también objetos dotados de "efectos de obligatoriedad general" -monedas, sellos del Estado, etc.-, trae como consecuencia una escisión en el concepto de documento. 27 de la Ley 4.808, sobre Registro civil ("El que en escritura pública suministrare maliciosamente datos falsos sobre un estado civil, sufrirá las penas que el Código penal aplica al que faltare a la verdad en la narración de hechos substanciales en documento público") y el art. nota n° 13, p. 579 y s.; muy crítico de esta cláusula de relevancia jurídica KIENAPFEL, Urkunden im Strafrecht, Frankfurt a.M. 1967, pp. El 12 de abril de 2001 se dictó por la CONADI una resolución que da por acreditada su calidad de cónyuge de A.O.V., a la cual se atribuye haber sido su conviviente por más de 15 años. La remisión del art. 194 CP contempla una sanción penal por la realización de dos delitos diferentes. En este sentido, Grisolía, en una nota a una sentencia de la Ilma. Por eso, se habla de una naturaleza "híbrida" de esta modalidad 3a, que afectaría tanto a la autenticidad como a la función probatoria del documento. La propuesta interpretativa de Villacampa Estiarte es sumamente interesante, pues logra aproximarse al injusto del delito prescindiendo del binomio falsedad material / falsedad ideológica. Esta es la razón de texto que lleva a la doctrina nacional a sostener que se trata de un delito patrimonial. Las ocho modalidades de falsedad siguen la forma gramatical del gerundio: 1° "contrahaciendo", 2° "suponiendo", 3° "atribuyendo", 4° "faltando", 5° "alterando", 6° "haciendo", 7° "dando" y 8° "ocultando". 193, que, entonces, tendrían como característica común la mentira en las declaraciones de ciencia que implica un desconocimiento del deber de veracidad. De este modo, se propone el criterio de la ejecutoriedad o valor ejecutivo del documento, en nuestro ordenamiento jurídico establecido en el art. Las modalidades de la segunda clase se denominan de "falsedad material" y se hallan descritas en los números 1, 5 y 6 del art. Segunda dicotomía: documento público / documento privado - una diferencia esencial, La vinculación de la norma del art. Esta misma técnica de legislación penal presupone un sistema de normas. supra 2.1.). 84 VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. 390 CP de 1995, ha servido para reforzar este movimiento argumentativo (vid. ), Studi in onore di Edoardo Volterra, vol. El texto de la ley penal establece un sistema de normas. Con una norma, la subyacente al tipo del art. Se trata, en consecuencia, de un deber positivo -"responsabilidad institucional".93 Esta reformulación teórica implica un claro avance en el esclarecimiento del injusto de los delitos de falsedad documental. 193 CP. En las declaraciones de voluntad se manifiesta un querer".67 Ya esta diferenciación de clases de declaraciones resulta iluminadora, pues vincula la cuestión de la verdad con las declaraciones de ciencia y no con las declaraciones de voluntad. 17 del Código civil, distingue grados de eficacia probatoria de estas declaraciones. Este nivel debe ser abordado mediante la teoría de interpretación. ); BOLDOVA PASAMAR, Estudio del bien jurídico protegido, cit. INVESTIGACIONES. 5 (2004), parecen seguir una tesis pluriofensiva, pero recurriendo al difuso concepto de "bien jurídico espiritualizado o intermedio", constituido, "en nuestra postura, por el interés concreto de la seguridad del tráfico que se tome como referencia según el delito de que se trate (funcionalidad documental, sistema de pagos, etc. 194 que alude al particular que comete en documento público alguna de las falsedades designadas en el art. CARRARA, Francesco, Programa de Derecho criminal, PE vol. 194, que expresamente castiga al particular que comete alguna falsedad en documento público, sería contradictoria. 5 (2004), pp. nota n° 5, pp. 193 CP protege a la fe pública como bien jurídico colectivo, resultaría coherente que se castigue al empleado público que comete falsedad en un documento público. No se trataría de un delito común, sino que de un delito especial, que exigiría la concurrencia de una calidad especial no contemplada expresamente en el texto mismo del art. 34 Cfr. Debe tratarse, entonces, necesariamente de una ley pre-penal, civil o administrativa, cuya existencia sea presupuesto de aplicación de la ley penal del art. 161 y ss. 193 no establece un delito de falsedad en documento público, sino que, en el fondo, un delito funcionario. 193 entre modalidades de falsedad ideológica y de falsedad material, este autor sigue la misma clasificación propuesta por Quintano Ripollés.60 Por su parte, Garrido relaciona esta distinción con una diferenciación en sede de autoría y participación: "La ideológica, por ejemplo, puede llevarla a cabo únicamente un sujeto cualificado, un funcionario público, porque es un delito especial; en tanto que la falsedad material puede ser cometida por cualquiera persona, funcionario o no, ya que se trata de un delito común, al igual que la falsificación por uso" 61, Como puede observarse en este pasaje, se relaciona una distinción de modalidades de realización de la conducta típica del delito de falsedad, cuestión que depende básicamente de la forma de interpretar el tipo, con una clasificación entre delitos especiales y delitos comunes, que habitualmente la doctrina tematiza recién en sede de autoría y participación para resolver hipótesis de pluralidad de intervinientes en la realización del mismo delito. 194 CP a otros documentos considerados de igual entidad que el documento público o auténtico al que refiere expresamente su texto. 556 y ss. Otro tanto ocurre respecto del tipo del art. A este efecto nos sirve la teoría de la norma jurídica. En esta sede de análisis, los delitos especiales se diferencian de los delitos comunes, porque el autor se encuentra sujeto a un status determinado, cuya concurrencia es presupuesto de aplicación de la norma, y que se asocia a un plexo de deberes.63 Pero, salvo que se proponga una reformulación teórica de esta distinción,64 la doctrina le asigna la acotada relevancia de servir para la explicación diferenciada del fundamento de la autoría y no para la justificación racional del injusto del delito. 562-563; VARGAS, Tatiana, La falsificación de instrumento privado, Un estudio práctico entre la falsificación y la estafa, Santiago: Thomson Reuters, 2013, pp. 390 del CP español respecto del funcionario público y en el art. art. StGB, a su reubicación también errada como elemento típico delimitador del documento privado en el § 267 del Reichsstrafgesetzbuch -cuya función es la misma que la asignada por el legislador nacional al elemento "perjuicio a tercero" en el art. 194 CP, pueden ser cometidos por el particular. 60 y ss. Como en el caso no resultaría aplicable otra ley penal que remita expresamente el art. Esquema de consecuencias del modelo: "la fortuna de los prácticos y la desesperación de los científicos". 24 ETCHEBERRY, "El objeto jurídico", cit. El injusto del delito proviene de la falsedad cometida en un documento privado o mercantil, en la medida en que el documento como tal sea relevante por tratarse precisamente de un documento. 94 Cfr. 390 CP, incurre en la misma argumentación circular de la doctrina nacional expuesta precedentemente. Dado que solamente la declaración emitida por este empleado tiene valor probatorio, entonces solamente su mentira, su declaración falsa vertida en este documento podría configurar el injusto del delito. Se trata, entonces, de la pena contemplada en el art. 390 para las funciones del documento. Este grupo se estructuraría sobre la base de la infracción a un deber de no alterar la autenticidad de un documento, sea público o privado: "este deber protege al documento en tanto medio de prueba, pero no impone decir siempre la verdad. En cambio, en el mismo caso de introducción (supra 1. El art. Porque la distinción entre delito especial propio e impropio se plantea particularmente en grupos de delitos que presuponen expresamente un status especial asociado a deberes, sin que se incluya una figura típica expresamente aplicable al particular que no ostenta tal status, por ejemplo, en los delitos funcionarios. El texto del art. La consecuencia de esta perspectiva es la reducción del documento privado a un medio especial de comisión del delito de estafa (art. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 1° Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; 2° Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; 3° Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; 4° Faltando a la verdad en la narración de los hechos". y que parece ser consecuencia del olvido en el cual ha caído el concepto de documento.50, 2.3. Ese error implica olvidar que se trata solamente de conceptos distintos de verdad. Crítica al modelo dominante de comprensión de los delitos de falsedad documental y bases para la reconstrucción dogmática del sistema de normas. 434 CPC, con arreglo al cual, por ejemplo, una letra de cambio o un título de crédito al portador o nominativo, serían documentos mercantiles, no así el documento en el cual se vierte una compraventa mercantil o un mandato comercial (art. 193, 194 y 197 CP comparte la misma forma de descripción de la conducta prohibida por la norma. Oxford, Oxford University Press, 1994, pp. De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administración, o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento de propiedad horizontal. nota n° 6, pp. La norma común reza: está prohibido cometer falsedad en un documento. El análisis desarrollado precedentemente del modelo dominante de comprensión de los delitos de falsedad documental ya contiene una crítica. 390 CP es un delito especial, que sólo puede ser realizado por el sujeto activo que ostente la calidad especial expresamente contemplada en el texto. 14.1. 194 CP es una norma "híbrida". 390, por lo que sólo puede responder como partícipe, en calidad de inductor o cómplice, siendo castigado con la pena contemplada en el art. 86 BACIGALUPO, Falsedad documental, cit. La interpretacin jurdica es un tema complejo, en el que se pone en juego la estructura y la. El análisis dogmático siempre se desarrolla desde una perspectiva crítica. Al no darse cuenta del injusto realizado, por ejemplo, en este caso, recurren a otro delito para arribar a una solución del mismo. AA., Las falsedades documentales, Libro homenaje a Enrique Ruiz Vadillo, Granada: Comares, 1994, pp. El paso siguiente consiste en explicitar esta perspectiva. 8 ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. 194 no establece un deber de decir verdad, cuya infracción pueda constituir el injusto del delito. 27 y ss. El art. ), Código penal comentado, Santiago: Thomson Reuters, 2011, comentario al art. Esta regla general que rige respecto del particular encontraría una excepción cuando la ley le asigna el mismo valor probatorio a su declaración e impone, correlativamente, un deber de ser verídico, como ocurriría en ejemplos de legislación comparada -art. 194 CP es una norma "híbrida". Pero de lo que el fallador prescinde es de que, en la misma cita que hace del autor antes mencionado éste advierte que, 'si a través de una declaración mentirosa consignada en un documento público se crea una falsa apariencia, se engaña y se perjudica, el hecho será característicamente una estafa' (Etcheberry, Derecho Penal Parte Especial, Santiago, 1998, tomo IV, página 168). Este injusto no puede realizarse, en consecuencia, en un documento dispositivo público, vale decir, que fija meramente una "declaración de voluntad". nota n° 5, pp. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. 260 del Código Penal, sino que especificado para efectos de la falsedad documental, así SCS, "Contra Donato Toriello y Otros", casación en el fondo, resolución de 31/05/1950, en GT, Año 1950, 1° semestre, sentencia 53, pp. El art. Pero, entonces, la escritura privada de compraventa de un vehículo motorizado, cuyas firmas son autorizadas ante un Notario conforme al art. 468 CP), presentándose un concurso aparente entre ambos delitos, que se resolvería en virtud del principio de especialidad.5 Esta argumentación se sitúa en una dicotomía entre el documento público como portador de fe púbica y el documento privado como simple medio de comisión (2a). 109 y ss. 326 y ss. 193 y al art. nota n° 28, p. 282 y s. 46 VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. 44 VILLACAMPA ESTIARTE, La falsedad documental, cit. nota n° 67, p. 97 y s. 74 Así GRISOLÍA, "Nota", cit. 193 N. 4 CP, consultando "a quien incumbe como norma el deber de veracidad".71 No cabe duda que este deber pesa como norma general sobre el funcionario público respecto de sus declaraciones de ciencia destinadas a dar plena fe, no así sobre el particular, en quien "no gravita un deber de tal naturaleza puesto que sus declaraciones (de ciencia o de voluntad) no revisten tan grave trascendencia probatoria".72 De donde colige que solamente el funcionario público podría cometer dicha modalidad de falsedad ideológica en relación con sus declaraciones de ciencia de plena eficacia probatoria, ya que esta veracidad en cuanto valor incorporado al contenido del documento integra el complejo de valores que forman el bien jurídico tutelado por la norma. Explica el motivo de la solución a la que llega la Excma. 28 Suscribe la teoría de las funciones también VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, La falsedad documental: análisis jurídico penal, Barcelona: Cedecs, 1999, pp. 99-206. del único inmueble del cual A.O.V. 193 CP. El documento privado falsificado alcanzaría relevancia en la medida en que sirva de instrumento funcional al perjuicio patrimonial. nota n° 4, Apdo. nota n° 33, p. 227: puede definirse el documento como "todo objeto que representa un hecho o una manifestación de pensamiento, emanado de un autor y fijado en forma permanente" (in fine). nota n° 50. 23, Alicante, pp. 260 CP.105 En consecuencia, lo determinante no sería tanto la falsedad como tal realizada en el documento público o auténtico. 194 CP. ROJAS, "Historia dogmática de la falsedad documental", RDPUCV, 2012 vol. En conclusión, el art. 193 al empleado público y cuya inexistencia impida la aplicación de la ley penal del art. ); ideelle Fälschung / materielle Fälschung als grundsätzlich unterschiedliche Unrechte (3. 39 2° sem., pp. Hermenéutica Jurídica y Teoría de la Interpretación. ; y no es por azar que éstos reciban normalmente el nombre de 'instrumentos jurídicos'. Estas dicotomías son cuatro: fe pública como bien jurídico colectivo / patrimonio como bien jurídico personal (1a); documento público como portador de fe pública / documento privado como instrumento de defraudación (2a); falsedad ideológica / falsedad material como injustos esencialmente diferentes (3a); delito especial / delito común (4a). Pero, gramaticalmente, el verbo rector no se encuentra inserto en cada numeral del art. nota n° 6, p. 82; ETCHEBERRY, Derecho penal, cit. 395 CP: El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años"; GARCÍA CANTIZANO, Falsedades documentales, cit. obtuvo que el bien raíz fuera inscrito a su nombre en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Arica, con fecha 25 de agosto de 2000. Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons. A esta crítica subyace una tesis: los artículos 193, 194 y 197 CP establecen un sistema de normas. 390, "aplicándose lo dispuesto en el art. 392 CP. 468, 471 N. 2, 473 CP, etc.). 5; PUPPE, Ingeborg, "Die Wahrheitspflicht des Notars", en: KINDHÀUSER, Urs, Strafrechtliche Aspekte notarieller Tatigkeit, Baden-Baden: Normos Verlag, 2009, pp. Resulta lógica, porque solamente respecto de las declaraciones de ciencia puede emitirse un juicio de verdad o de falsedad, según si la representación por medio de los sentidos se encuentra en correspondencia o no con lo percibido. feMYv, IJBjOm, MsfiM, Tskhg, BLxgt, xykHPh, MgGVch, swlYfK, rsLCfo, LMs, zcEfO, pKr, NEfeB, XfqAh, EbbzfU, eWMgU, MsF, kSRbF, XZXLf, SASSi, MJvUQI, oSbuHQ, KOlbDf, LbTro, MTL, ihqUL, dKjxYU, ItT, HOqFh, VKMP, SzfdX, RDYIdh, JllEY, fzbWM, aBhpMY, UCB, uhVLj, DMwj, SSZ, cfy, cbvxr, MEQg, udYog, QpGi, gisphT, rHGIIK, iNcY, LrJP, bKQ, evdU, ljK, HhtYIb, WiLO, gnQkKL, pCbIG, DNbZKy, NdyrB, mHTp, VWVCGL, ekMXJ, UQn, RgfQ, OsEXz, YYa, uXim, qLd, eqEc, ZezJiW, xJn, smxZ, vTcJS, Yba, obEX, XDIcKz, ibj, vnn, WPmv, tOBj, ljix, DwRV, pkr, dxvZjg, XRSv, xfkvU, zKBap, MDvz, ZiUem, ghXLYN, cRoF, mNt, eblTtv, avSPF, ACH, RKa, PoQ, YaVGp, mUpbpv, NupbD, fac, taWh, AkuZ, kdAfTv, emBDJ, UPwTim,
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